El uso de al menos 13.000 millones de euros de fondos europeos 'Next Generation' por parte del Gobierno ha suscitado críticas y revisiones por parte del Tribunal de Cuentas y la Comisión Europea. Este monto fue empleado para sortear una prórroga presupuestaria durante cinco meses de 2025, afectando partidas que, según la normativa europea, no pueden destinarse a gastos corrientes.
Entre abril y septiembre de 2025, el Ministerio de Hacienda desvió estos fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia para cubrir necesidades como el pago de pensiones. En concreto, se destinaron 2.389,4 millones de euros a gastos relacionados con las pensiones, lo que ha llevado al Tribunal de Cuentas a cuestionar esta utilización.
Las operaciones han sido objeto de análisis por parte de economistas, quienes sugieren que el Gobierno reprogramó partidas para evitar la pérdida de fondos con plazos de ejecución próximos. La falta de acuerdo parlamentario ha mantenido los presupuestos sin modificar durante tres años, lo que ha incrementado la necesidad de ajustes financieros.