Denaria ha expresado su oposición a las enmiendas sugeridas por el Parlamento y el Consejo de la Unión Europea respecto al Reglamento sobre la moneda de curso legal. Estas enmiendas proponen excepciones a la obligación de aceptar efectivo en determinadas circunstancias y modelos de negocio. Entre los casos mencionados, se incluyen aquellos en los que no se suele recibir efectivo, como aerolíneas y seguros, así como transacciones entre empresas y pagos recurrentes, que abarcan servicios como seguros y utilidades.
La agrupación ha señalado que estas excepciones son injustificadas y contradictorias, además de favorecer el uso de métodos de pago privados. Según Denaria, permitir que ciertos sectores no acepten efectivo pone en riesgo el derecho de los ciudadanos a utilizar la moneda de curso legal en cualquier transacción. Este principio, según la organización, es fundamental para mantener la relevancia del efectivo en el futuro.
Denaria ha argumentado que las propuestas podrían llevar a la exclusión de ciertas poblaciones y a un daño significativo en la infraestructura monetaria. La organización también ha destacado que el efectivo es un medio de pago esencial, especialmente en situaciones donde la red eléctrica falla, asegurando que los ciudadanos tengan acceso a sus recursos económicos en todo momento.
La agrupación ha afirmado que el efectivo no debe ser considerado obsoleto y que su aceptación es clave para la estabilidad económica y social. En su opinión, la propuesta del reglamento podría tener repercusiones negativas en la forma en que se realizan las transacciones cotidianas en la Unión Europea.
Contexto: La discusión sobre el uso del efectivo en Europa ha cobrado relevancia en los últimos años, especialmente en un contexto donde los pagos digitales se han vuelto más comunes. Esta tendencia ha generado un debate sobre cómo equilibrar la modernización de los métodos de pago con la necesidad de garantizar que todos los ciudadanos mantengan su derecho a utilizar efectivo. Entre los actores clave en este debate se encuentran entidades financieras, organizaciones de consumidores y grupos de defensa de los derechos económicos, que buscan asegurar un acceso equitativo a los medios de pago para toda la población.