La gestión de los aeropuertos en España está en el centro de un nuevo conflicto, ya que varias comunidades autónomas, incluida Catalunya, han solicitado participar en su administración. Aena, el gestor aeroportuario, ha expresado su firme oposición a una proposición de ley que permitiría a Baleares compartir la gestión de sus tres aeropuertos. Esta iniciativa, que fue inicialmente promovida por el Parlamento balear y posteriormente presentada en el Congreso, recibió el visto bueno para ser debatida tras superar el veto del Gobierno central.
El 8 de septiembre de 2026, la mesa del Congreso, presidida por Francina Armengol, aprobó la tramitación de la ley, lo que ha generado preocupación en Aena. La compañía ha notificado a través de un hecho relevante en la CNMV que la cogestión de los aeropuertos contradice la legislación actual y ha afirmado que tomará las medidas necesarias para salvaguardar los intereses de sus accionistas. De hecho, el 51% de Aena es propiedad del Estado, mientras que el 49% restante está en manos de inversores privados.
Este no es un asunto nuevo para Aena, que ya se enfrentó a demandas similares el año pasado por parte de Catalunya y el País Vasco, quienes también solicitaron compartir la gestión aeroportuaria. En esas negociaciones, la titularidad de los aeropuertos y el papel de la Generalitat fueron temas clave en las conversaciones entre Salvador Illa y ERC para su investidura como presidente en 2024 y para aprobar los presupuestos de ese año. Aena se opuso enérgicamente a esas concesiones en una comunicación a la CNMV.
Recientemente, Catalunya ha modificado su enfoque, creando una autoridad aeroportuaria que centralizará las competencias sobre los aeropuertos, abarcando tanto los de Aena como los de la Generalitat. Sin embargo, el Ejecutivo ha argumentado que la tramitación de esta nueva ley de cogestión podría llevar a una disminución en los ingresos de Aena, lo que ha motivado su oposición.
Al recibir la noticia del levantamiento del veto gubernamental y la posible consideración del texto legislativo en la Cámara Baja, Aena ha reiterado que el contenido de la proposición es incompatible con el marco legal existente, destacando especialmente su discordancia con el marco constitucional aplicable.
Contexto: En los últimos años, la gestión de los aeropuertos ha sido un tema controvertido en España, donde Aena, como principal operador, maneja una gran parte del tráfico aéreo. La situación se ha complicado con las demandas de diversas comunidades autónomas que buscan más control sobre sus instalaciones aeroportuarias, lo que plantea interrogantes sobre la sostenibilidad financiera de Aena y su capacidad para gestionar estos activos estratégicos en el contexto de la recuperación económica post-pandemia.