La Comisión Europea ha presentado un nuevo marco jurídico destinado a abordar la crisis de vivienda en Europa, que incluye recomendaciones dirigidas a los estados miembros para mejorar la oferta de vivienda en áreas con alta presión residencial. Estas propuestas se enmarcan dentro de la ley de Vivienda Asequible, que fue presentada el 8 de septiembre de 2026 por la vicepresidenta ejecutiva Teresa Ribera y el comisario de Energía y Vivienda, Dan Jorgensen.
Entre las acciones recomendadas por Bruselas, se sugiere incentivar fiscalmente el uso residencial a largo plazo de pisos vacíos, mediante impuestos específicos. También se propone facilitar la conversión de oficinas en viviendas y fomentar el arrendamiento de habitaciones para jóvenes y estudiantes. Ribera subrayó que "cuando el mercado falla, las autoridades públicas tienen la responsabilidad de actuar".
La Comisión también ha establecido medidas administrativas para priorizar la tramitación de permisos de construcción para vivienda social y asequible. Se ha fijado un plazo de 60 días para obtener permisos para “proyectos sencillos” y se recomienda simplificar los procedimientos judiciales, estableciendo límites temporales para la revisión de decisiones.
Un aspecto importante abordado en este reglamento es el aumento del precio del suelo, considerado uno de los factores principales que encarecen la vivienda. Para mitigar esto, la Comisión sugiere que las autoridades compren edificios, ya sean públicos o privados, y creen agencias o bancos públicos de suelo. Además, se propone separar la propiedad del terreno de la edificación mediante concesiones a largo plazo.
Las recomendaciones de Bruselas son no vinculantes, pero pretenden guiar a los estados miembros en sus esfuerzos por mejorar la situación de la vivienda en el continente. Las medidas están diseñadas para responder a la creciente preocupación por la accesibilidad de la vivienda, especialmente en ciudades que enfrentan desafíos significativos en este ámbito.
Contexto: Desde hace años, diversas ciudades europeas han experimentado un aumento notable en los precios de la vivienda, lo que ha llevado a una crisis de accesibilidad. En España, este fenómeno se ha visto agravado por la escasez de vivienda social y el auge de los alquileres turísticos. La presentación de la ley de Vivienda Asequible por parte del gobierno español es un paso en la dirección de establecer un marco más sólido para la regulación del mercado de la vivienda, a fin de garantizar que todos los ciudadanos tengan acceso a un hogar digno.