El Gobierno de Aragón ha solicitado una revisión exhaustiva del proyecto de real decreto del Gobierno central, que tiene un impacto potencial en el desarrollo de infraestructuras tecnológicas en la región. Este decreto, presentado por los ministerios de Transición Ecológica y Transformación Digital, podría, según las autoridades aragonesas, resultar en una prohibición de facto que afectaría significativamente a un sector clave. Las inversiones en infraestructura tecnológica en Aragón se estiman en más de 54.000 millones de euros.
La consejera de Economía de Aragón, Eva Valle, ha indicado que ninguno de los centros proyectados en la comunidad cumple con los nuevos requisitos propuestos en el borrador del decreto. Estos requisitos serían de difícil cumplimiento y expondrían a las administraciones públicas a reclamaciones patrimoniales por parte de los promotores que ya han avanzado en sus proyectos bajo un marco jurídico diferente. La situación ha llevado a los técnicos del Gobierno aragonés a presentar alegaciones, destacando cinco amenazas significativas que el decreto implica para las inversiones.
Uno de los puntos más críticos es la exigencia de que el 80% del consumo energético de los centros de datos se cubra con energía renovable, además de requerir una correlación horaria entre la generación y el consumo. Este criterio incluye que los parques de energía renovable utilizados deben haber comenzado a operar, como máximo, un año y medio antes de la entrada en funcionamiento de cada centro de datos. Valle ha calificado estas condiciones como "imposibles de cumplir", lo que representaría una restricción casi total al desarrollo de nuevas infraestructuras.
El carácter retroactivo de la norma afecta además a proyectos que ya se encuentran en fases avanzadas de desarrollo. Para Aragón, esto implica una alteración significativa del marco regulatorio que guió decisiones de inversión críticas, generando incertidumbre jurídica y aumentando el riesgo de litigios. La situación podría tener repercusiones en la confianza de los inversores y en el desarrollo económico de la región.
La comunidad autónoma de Aragón, con una treintena de infraestructuras proyectadas, está en una posición delicada ante este nuevo marco regulatorio. Las alegaciones presentadas por el Gobierno aragonés buscan mitigar el impacto negativo que el decreto podría tener en el sector tecnológico, vital para el crecimiento económico de la región.
Contexto: La expansión del sector tecnológico en España ha sido objeto de atención en los últimos años, con un aumento en la inversión en infraestructuras digitales. Aragón, en particular, ha sido un lugar estratégico para el desarrollo de centros de datos, impulsados por la demanda creciente de servicios digitales. Sin embargo, la introducción de nuevas regulaciones podría obstaculizar el avance de estos proyectos, afectando no solo a las inversiones locales, sino también a la competitividad del país en el ámbito tecnológico.