La asociación de centros de datos en España, conocida como SpainDC, ha expresado serias preocupaciones respecto al proyecto de decreto que el Gobierno está elaborando para regular este sector. Durante una rueda de prensa, Emilio Díaz, presidente de la patronal, y Begoña Villacís, directora ejecutiva de la misma, coincidieron en que las nuevas restricciones podrían transformar a España de ser el país más atractivo de Europa para la instalación de centros de procesamiento de datos (CPD) a uno de los menos atractivos.
Según SpainDC, el impacto del anuncio del decreto ya ha sido "devastador", generando un clima de inseguridad jurídica que podría llevar a la paralización de proyectos. Actualmente, hay en juego inversiones por un total de 9.000 millones de euros en nuevos centros de datos en España. Se teme que, si el real decreto se promulga tal como está, tres empresas internacionales que estaban considerando desarrollar proyectos en el país detendrán sus planes.
Villacís subrayó que la acumulación de restricciones en el decreto equivale a un veto de facto, dado que son de difícil cumplimiento. A su vez, Díaz advirtió que la implementación del decreto podría resultar en demandas o arbitrajes multimillonarios por parte de promotores que se consideren perjudicados, alegando que las reglas del juego han sido alteradas en medio del proceso. Este tipo de alteraciones podría desincentivar futuras inversiones en el sector.
En su intervención, Villacís criticó varios aspectos del proyecto, señalando "vicios jurídicos" tales como la falta de proporcionalidad y la violación del principio de reserva de ley. Además, enfatizó que el régimen sancionador propuesto podría resultar en severas penalizaciones, incluyendo la posibilidad de desconexión de los centros de datos si pierden los permisos de acceso.
La normativa que se está discutiendo incluye una exigencia para que los centros de datos respalden, cada hora de funcionamiento, al menos un 80% de su demanda energética con generación renovable. Este requerimiento ha sido calificado como extremadamente restrictivo y podría poner en peligro la viabilidad de muchos proyectos en curso.
Contexto: La creciente demanda global de servicios de datos ha llevado a un auge en la construcción de centros de datos en Europa, con España posicionándose como un destino clave gracias a su infraestructura y clima. Sin embargo, las políticas regulatorias deben equilibrar el desarrollo sostenible con la atracción de inversiones. Las empresas del sector están bajo presión para adaptarse a nuevas normativas que buscan fomentar el uso de energías renovables, mientras deben lidiar con regulaciones que podrían frenar su crecimiento. La situación actual del sector es crítica y será fundamental seguir su evolución en los próximos meses.