Más de 300.000 inquilinos se enfrentarán a incrementos en el alquiler de unos 300 euros al mes, mientras el Gobierno español busca soluciones al problema del acceso a la vivienda. La propuesta actual, que se encuentra en fase de negociación, es un esquema de tipo bonus-malus en el IRPF, diseñado por los ministerios de Hacienda y Vivienda.
El nuevo enfoque penaliza a los pequeños propietarios que decidan aumentar el alquiler, limitando su deducción fiscal a menos del 50%, en contraposición a los que opten por mantener o reducir la renta, quienes podrían beneficiarse de una deducción de hasta el 100%. Esta estrategia surge tras críticas de socios de gobierno y otros partidos de izquierda, que consideran que las medidas previas favorecían a los arrendadores.
El presidente del Gobierno y la ministra de Vivienda, Jaime García y Bruno Pérez, respectivamente, han estado visitando áreas afectadas por el problema, como la operación Campamento. La implementación de esta medida podría marcar un cambio significativo en la política de alquiler del país.