El Gobierno español está considerando introducir penalizaciones fiscales en la declaración de la renta para los propietarios que incrementen los precios del alquiler al renovar contratos. Esta medida, que se encuentra en fase de negociación entre los ministerios de Vivienda y Hacienda, busca frenar la escalada de precios en el sector inmobiliario.
La propuesta, aún no definitiva, surge tras el fracaso de un plan que pretendía bonificar al 100% a los arrendadores que redujeran las rentas. La idea es modificar la deducción existente en el IRPF, limitando su aplicación según el precio establecido por los caseros. Esto significaría una reducción del descuento actual del 50% para aquellos que aumenten los precios de los nuevos contratos, aunque nunca se permitiría un trato que llegara al 0% para preservar el alquiler residencial de largo plazo.
Sin embargo, esta iniciativa podría enfrentar oposición, especialmente de la formación política Sumar, y tendría que ser aprobada por el Congreso, lo que complica su viabilidad. A pesar de las tensiones políticas, el Gobierno busca combinar desincentivos con incentivos para aquellos propietarios dispuestos a bajar sus precios.