Los compradores de vivienda en España enfrentan un reto significativo debido a la carga fiscal que alcanza más del 26,1% del valor de las propiedades, incluyendo impuestos directos e indirectos. Esto implica que por cada 100.000 euros del precio de una vivienda nueva, los adquirentes asumen más de 26.000 euros en tributos, lo que dificulta el acceso a la vivienda, especialmente para los jóvenes y hogares con menos recursos.
Un estudio de EY para la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid (Asprima) destaca el incremento del 650% en la plusvalía municipal desde 2020 en determinadas capitales, como Madrid. Este aumento en los coeficientes del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) ha generado un sobrecoste que afecta la viabilidad de las promociones inmobiliarias, trasladándose a los precios finales para los compradores.
La situación es alarmante, ya que el porcentaje de propietarios menores de 35 años ha caído del 70% en 2005 a solo el 30% en el año pasado. Ante esta crisis, el nuevo Plan Estatal de Vivienda, respaldado por el Gobierno y las comunidades autónomas, destinará 2.800 millones de euros hasta 2030 para aumentar las ayudas directas en el acceso a la vivienda.