El Consejo de Trabajo, Económico y Social de Cataluña (CTESC) ha expresado su preocupación respecto al proyecto de decreto que regularía el Registro de grandes tenedores de vivienda en la región. Según el CTESC, esta iniciativa podría imponer una carga administrativa excesiva y requerir información de forma desproporcionada, bajo la amenaza de sanciones que pueden alcanzar los 90.000 euros.
El Govern, liderado por Salvador Illa, ha condicionado la tramitación del censo a la entrega de información que ya está disponible en las bases de datos de la Administración. La Ley 39/2015 del procedimiento administrativo común establece que los interesados no están obligados a presentar documentos que ya obran en poder de la Administración o que hayan sido elaborados por otros organismos.
Entre los datos solicitados por el decreto se encuentran la titularidad de los inmuebles, la cédula de habitabilidad y los datos registrales, los cuales pueden ser consultados en entidades como el Registro de la Propiedad, la Agència de l'Habitatge de Catalunya y el Institut Català del Sòl. La normativa también establece que la Administración debe realizar estas consultas de oficio, permitiendo a los propietarios aportar información solo si se oponen formalmente a la consulta.
Este registro, que no tiene origen en un expediente sancionador, se crea con el fin de cumplir los acuerdos sobre el control en materia de vivienda. No obstante, la obligación de presentar datos afecta a propietarios de más de cinco viviendas en áreas consideradas tensionadas, o más de diez en zonas no tensionadas, quienes se enfrentan a sanciones si no cumplen con la entrega de información.
El decreto se remite a la Ley 18/2007 del derecho a la vivienda, que estipula sanciones por infracciones leves, que oscilan entre 3.000 euros y 9.000 euros, y graves, que pueden llegar hasta 90.000 euros por no cumplir con requerimientos formales de la Administración o por ocultar información relacionada con el alquiler social o en zonas tensionadas.
Contexto: La problemática de la vivienda en Cataluña ha sido un tema crucial en la agenda política local, especialmente en áreas con alta demanda de alquiler. El Govern ha implementado diversas medidas para regular el mercado de la vivienda, buscando un equilibrio entre los derechos de los propietarios y las necesidades de los inquilinos. La presión por parte de los grupos sociales y la necesidad de abordar la crisis de vivienda en las ciudades catalanas han llevado a iniciativas como la creación de este registro, que se espera que facilite el control del mercado inmobiliario y la regulación de alquileres.