Los sectores empresariales más afectados por el aumento de los precios de los combustibles, como los transportistas y las gasolineras, han solicitado al Gobierno español la reducción del IVA y del Impuesto Especial de Hidrocarburos (IEH) en un 50%. A pesar de estas demandas, el Ejecutivo, liderado por Yolanda Díaz, ha descartado por el momento la posibilidad de rebajar impuestos para mitigar el impacto económico de la guerra en Irán.
La patronal CEOE y el Partido Popular han instado al Gobierno a deflactar el IRPF y suprimir impuestos energéticos, sugiriendo que estas medidas ayudarían a mantener la capacidad adquisitiva de los hogares. Sin embargo, el enfoque del Ejecutivo se centra en limitar despidos y reforzar el escudo social. Esto ha generado tensiones tanto en el sector empresarial como dentro del propio Gobierno.
Carlos Cuerpo, representante del Gobierno, ha mencionado que se están considerando ayudas fiscales, aunque no ha proporcionado detalles específicos al respecto. Mientras tanto, la Comisión Europea ha solicitado acciones similares a las adoptadas por Portugal, Italia y Croacia, que han implementado reducciones fiscales en los carburantes, dejando la presión de la contención del precio de la luz en manos del fisco español.