El Impuesto sobre el Patrimonio (IP) fue recuperado hace 15 años, tras su eliminación en 2008 por el Gobierno de Zapatero. Esta decisión marcó un hito en la política fiscal española, que había estado en el centro de un intenso debate ideológico.
El impuesto, que había sido objeto de controversia entre distintas fuerzas políticas, cuenta con el apoyo de algunos sectores de la izquierda y de la derecha española. Su reintroducción fue el resultado de un contexto económico que demandaba nuevas fuentes de ingresos para el Estado.
Desde entonces, el IP ha generado un debate continuo sobre su efectividad y equidad en el sistema tributario español. Las cifras específicas sobre su recaudación y el impacto en la economía no se han detallado en este contexto, pero su existencia sigue siendo un tema relevante en la agenda política.