En 2023, se estima que los ingresos por impuestos del tabaco en España alcanzarán aproximadamente 7.000 millones €, una cifra que contrasta con el elevado coste sanitario asociado al consumo de tabaco. Actualmente, cerca de un 33% de la población española fuma de forma regular, cifra que asciende al 35% si se incluyen a los fumadores esporádicos.
La OCDE ha instado al país a aumentar los impuestos sobre el tabaco, dado el impacto en la salud pública y los gastos sanitarios. A pesar de la presión para endurecer la normativa, Nueva Zelanda ha decidido derogar una ley que iba a ser la más restrictiva del mundo, que prohibía la venta de tabaco a las generaciones futuras. Esta normativa, que iba a entrar en vigor en julio de este año, también contemplaba la reducción del contenido de nicotina y la disminución del número de minoristas de tabaco en más de un 90%.
En el ámbito europeo, Reino Unido está considerando una legislación similar, mientras que Dinamarca también evalúa medidas antitabaco. Estas iniciativas podrían influir en la política española respecto al tabaco en un futuro próximo.