El rechazo del Congreso al Real Decreto-Ley ómnibus del Gobierno conlleva importantes repercusiones fiscales, entre las que destaca la revalorización de las pensiones según el IPC, que ya no se llevará a cabo. La decisión afecta a aproximadamente dos millones de parados, quienes ahora deberán presentar declaración de IRPF, incluso si sus ingresos no superan el umbral mínimo.
Este paquete legislativo, que incluía diversas medidas, fue anulado por los votos en contra de partidos como PP, Vox, Junts y UPN, lo que pone fin a iniciativas que iban a ser implementadas antes de finalizar 2025. Asimismo, se eliminan incentivos fiscales y se anulan los nuevos coeficientes del Impuesto de Plusvalía, lo que implica un retroceso en la fiscalidad de los desempleados.
Si no se restablece esta obligación antes del inicio de la Campaña de la Renta en abril, los beneficiarios de prestaciones por desempleo en 2025 deberán cumplir con la declaración del IRPF, a pesar de no alcanzar el umbral de 22.000 euros con un único pagador o más de 15.876 euros con múltiples pagadores, según TaxDown.