La Comisión Europea ha decidido presentar un caso contra España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por el incumplimiento de una directiva sobre el IVA que beneficiaría a miles de pymes y autónomos. Esta normativa, que debía estar en vigor desde el 1 de enero de 2025, permitiría a ciertos negocios dejar de declarar el IVA en operaciones internacionales, lo que podría suponer un ahorro de hasta 600 euros para los afectados.
El retraso en la transposición de esta legislación ha llevado a la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) a denunciar al Gobierno español, lo que ha resultado en varios apercibimientos. La CE ha expresado que España no ha adoptado las medidas necesarias para adecuar su legislación a las directivas que reforman el sistema del IVA para pequeños negocios.
Este incumplimiento afecta directamente a aquellos negocios que operan con clientes o proveedores en otros países de la Unión Europea, aumentando así su carga administrativa. La decisión de Bruselas también incluye la posibilidad de sanciones económicas para el Gobierno español si no se rectifica esta situación.