La eliminación de la deducción del 15% en el IRPF por la adquisición de vehículos eléctricos impacta directamente en la economía de miles de autónomos y pequeños negocios en España. Este incentivo fiscal, que permitía desgravar hasta 3.000 euros, se ha visto afectado por la caída del decreto ómnibus en el Congreso, lo que encarece la renovación de vehículos esenciales para sectores como el transporte y la distribución.
Según la asociación Dvuelta, la desaparición de esta deducción no solo desincentiva la demanda, sino que también genera incertidumbre en el mercado, retrasando la modernización de la movilidad. Esta situación se produce en un contexto de envejecimiento del parque automovilístico y un avance desigual en la electrificación comparado con otros países europeos.
Los profesionales que dependen de vehículos, como taxistas y repartidores, se enfrentan a un escenario complicado donde la planificación financiera se ve afectada. La ausencia de este apoyo fiscal puede ser determinante entre invertir en vehículos eléctricos o continuar utilizando modelos más antiguos que conllevan mayores gastos de mantenimiento.