La Comisión Europea ha decidido llevar el caso de España ante la Justicia comunitaria debido a su negativa a implementar la Directiva sobre el IVA franquiciado para trabajadores autónomos. Este hecho se deriva de una denuncia presentada por la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) en diciembre, que denuncia que la negativa del Gobierno español podría ocasionar una pérdida anual de 500 millones de euros en ahorros para los autónomos con ingresos bajos, normalmente inferiores a 85.000 euros al año.
En un comunicado emitido el miércoles, el Ejecutivo presidido por Ursula von der Leyen destacó que España no tiene intención de aplicar la exención de IVA a las pymes, aunque esta medida es opcional para los Estados miembros. La falta de transposición de esta normativa podría llevar a problemas de doble imposición, dado que los otros 26 países de la UE sí han implementado la directiva.
Además, la Comisión advirtió que la ausencia de adaptación de las medidas relacionadas con el régimen especial del IVA para ciertos bienes podría generar distorsiones en la competencia. El Gobierno español ha recibido varias cartas de requerimiento de Bruselas para abordar esta situación.