El Gobierno español ha propuesto una nueva medida para ayudar a las empresas más afectadas por la reciente subida del salario mínimo, que se incrementará en un 3,1%. Esta iniciativa permitirá a dichas empresas deducir una parte del impuesto de Sociedades, independientemente de si cuentan con contratos públicos o no.
Las negociaciones entre el Ministerio de Trabajo, Hacienda y Economía han dado como resultado esta medida, que busca aliviar la carga de aquellas compañías con un alto número de empleados que perciben el salario mínimo. Aunque aún no se han definido todos los detalles, el mecanismo se presenta como una alternativa a la Ley de Desindexación, vigente desde 2015, que limita la posibilidad de ajustar los precios de los contratos con la Administración Pública debido a cambios en los costes laborales.
A pesar de los esfuerzos por parte del Ejecutivo, la propuesta enfrenta resistencia debido al posible coste elevado que podría implicar para el Ministerio de Hacienda. La patronal ha reclamado desde hace años una solución a este problema, aludiendo a las pérdidas que muchas empresas han experimentado como consecuencia de la escalada del salario mínimo desde 2018.