La propuesta de financiación presentada por María Jesús Montero, vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, ha sido rechazada en su totalidad por la mayoría de las comunidades autónomas, salvo por Cataluña, que la apoya sin reservas. Este modelo ha generado críticas significativas, especialmente de las comunidades gobernadas por el PP, que argumentan que favorece a Cataluña y perjudica a otras regiones, considerándolo arbitrario e injusto.
En una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, Montero defendió que la legitimidad del modelo depende del respaldo del Congreso, minimizando así la importancia del consenso con las comunidades autónomas. A pesar de la oposición, el Gobierno tiene la intención de continuar con la iniciativa, afirmando que solo requiere la validación legislativa. Montero resaltó que la factibilidad de la propuesta se basará en las decisiones de los grupos políticos en el Congreso.
Comunidades socialistas como C Castilla-La Mancha y Asturias han manifestado su descontento y demandan más información y diálogo antes de aceptar cualquier avance. Montero ha indicado que se abrirán negociaciones para abordar las inquietudes expresadas por las autonomías, asegurando que se considerarán las aportaciones que quieran realizar.