Más de 500 millones están en juego en la nueva disputa fiscal entre los grandes bancos españoles y la Agencia Tributaria. Las entidades han presentado recursos tras recibir actas de inspección correspondientes a los ejercicios 2023 y 2024, las cuales han sido firmadas en disconformidad. Esta situación se agrava por el gravamen temporal de entidades de crédito impuesto por el Gobierno, que ha recaudado 1.109,8 millones en su primer año y 1.695 millones en el segundo.
La controversia radica en la configuración de la base imponible, donde los bancos y la Agencia Tributaria difieren sobre qué ingresos deben ser contabilizados. Mientras que las entidades defienden una interpretación más restrictiva, la Agencia busca incluir una mayor variedad de ingresos, incluyendo financiación a no residentes y comisiones de filiales.
CaixaBank es el banco más afectado, con una discrepancia de 167 millones según su informe anual. La entidad, liderada por Gonzalo Gortázar, ha recurrido las actas de inspección y planea llevar el caso al Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC) y, si es necesario, a la Audiencia Nacional.