El Gobierno de España cuenta con un amplio margen fiscal que asciende a varios miles de millones de euros para implementar medidas que protejan a familias y empresas de la creciente inflación debido al conflicto en Irán. La situación se ha vuelto palpable con el aumento en los precios del gasoil y la gasolina, lo que ha llevado al Ministerio de Hacienda a considerar una reducción de impuestos, mientras que el Ministerio de Economía está vigilando de cerca la escalada de precios en los combustibles.
La recuperación del PIB español, que ha superado a la de sus socios europeos, ha contribuido a una mejora en la recaudación tributaria. Según datos recientes, se estima que el déficit público cerrará en 2025 en 2,5% del PIB, con proyecciones de 2,1% para 2026 y 1,8% para 2027. La deuda pública se situó en 100,8% del PIB en 2025, reduciéndose en 23,4 puntos desde su máximo en 2021.
Los ingresos tributarios alcanzaron los 320.000 millones de euros en 2025, y se prevé que superen los 350.000 millones en 2026. Este incremento en la recaudación proporciona al Gobierno el margen necesario para abordar los problemas derivados de la inflación y otras fluctuaciones de precios, aunque activar un nuevo escudo antiinflación conlleva ciertos riesgos.