La reciente decisión de la Audiencia Nacional establece nuevas exigencias para la Agencia Tributaria en relación a las indemnizaciones por despido de empleados mayores de 50 años. A partir de ahora, Hacienda deberá presentar pruebas concretas que demuestren la existencia de un acuerdo previo entre el autónomo y el trabajador antes de que dicha indemnización tribute en el IRPF.
Esta resolución busca limitar las regularizaciones automáticas que el fisco había implementado en diversas empresas, especialmente en casos de despidos cercanos a la jubilación. Hasta el momento, se consideraban sospechosos aquellos despidos que implicaban indemnizaciones inferiores a las legales o que se resolvían rápidamente en conciliaciones. Con el nuevo criterio, la administración tributaria no podrá basarse únicamente en sospechas, lo que proporciona mayor seguridad jurídica a los negocios.
Según César de la Puente Sanz, portavoz de la Asociación Española de Asesores Fiscales y Gestores Tributarios (Asefiget), la carga de la prueba ahora recae sobre la administración tributaria. Esto implica que Hacienda debe demostrar de manera sólida la existencia de un pacto para poder exigir el pago del impuesto. Aunque los indicios seguirán estando presentes, ya no serán suficientes por sí solos.