Entre 2020 y 2024, el Estado español logró ingresos por un total de 371,5 millones de euros a través de la venta de inmuebles. Las subastas en Madrid y Barcelona fueron responsables de la mayor parte de esta cifra, destacando la venta de la antigua sede de Hacienda y locales comerciales en la costa catalana. Además, el ahorro en alquileres alcanzó más de 5,6 millones de euros en el último año, debido a una reducción en la ocupación de oficinas.
A pesar del fuerte interés por la compra de viviendas en un contexto de aumento de precios, el foco de las operaciones del Estado se ha mantenido en pequeñas fincas rústicas y activos modestos. Este movimiento inmobiliario se ha visto favorecido por una oferta limitada en diversas zonas, lo que ha mantenido activo el mercado y ha elevado los precios en el sector.
En resumen, las operaciones más significativas del Patrimonio del Estado han estado concentradas en activos bien situados en las principales ciudades, mientras que las transacciones diarias se centran en inmuebles de menor valor repartidos por el territorio nacional.