La deuda que mantiene España ha alcanzado cifras alarmantes, superando los 2.000 millones de euros en reclamaciones internacionales. El Gobierno, bajo la dirección de Pedro Sánchez, ha optado por diversas estrategias para manejar esta carga, incluyendo la modificación de compromisos previos y el sobreendeudamiento.
El primer método adoptado, que implica no cumplir con los pagos, afecta principalmente a las deudas derivadas de cambios en la regulación de las energías renovables. Estas modificaciones, iniciadas bajo administraciones anteriores como las de José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy, han provocado un fuerte descontento entre los inversores, quienes han recurrido a arbitrajes internacionales, en su mayoría en Estados Unidos.
Con el tiempo, los inversores han comenzado a localizar y reclamar bienes españoles, que varían desde propiedades del Instituto Cervantes hasta fondos destinados a la compra de material de defensa y el uso de aeronaves oficiales. Esta situación ha generado un clima de preocupación respecto a la gestión de la deuda pública en el país.