El Gobierno español ha implementado nuevas medidas para controlar los precios del combustible, con la intención de evitar abusos en el mercado. Desde el 21 de marzo de 2026, las petroleras deberán informar semanalmente a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sobre sus costes de adquisición y precios de venta en las estaciones de servicio.
Las sanciones por incumplimiento de esta normativa pueden alcanzar hasta seis millones de euros. Estas medidas se enmarcan en un real decreto ley diseñado para mitigar los efectos de la guerra en Irán, que ha llevado a un aumento acelerado de los precios del combustible, incluso más rápido que el incremento observado tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia.
La CNMC tendrá la autoridad para solicitar información pertinente a los distribuidores mayoristas y minoristas de productos petrolíferos, centrándose en aspectos como precios, volúmenes de venta y costes. A través de este decreto, el Ejecutivo pretende prevenir la especulación de precios que diversas organizaciones de consumidores han denunciado.