El Gobierno español ha aprobado un nuevo real decreto que modifica la regulación del suministro y comercialización de energía eléctrica. Esta normativa incluye la prohibición de llamadas telefónicas no solicitadas para cambiar de comercializadora, una medida destinada a proteger a los consumidores de prácticas abusivas y fraudulentas.
Entre las innovaciones más relevantes, se establece que los clientes podrán suscribir contratos con múltiples comercializadoras, lo que diversifica sus opciones. Además, se requiere que las empresas ofrezcan un documento claro que resuma el impacto en la factura y una comparación de precios antes y después del cambio, garantizando así mayor transparencia.
La nueva regulación también introduce cambios en la rescisión de contratos, permitiendo a los hogares y pymes con menos de 15 kW de potencia contratada cancelar su suministro sin penalización. Las infracciones a estas nuevas normativas pueden conllevar multas de hasta seis millones de euros.
Por último, aunque estas medidas se aplican exclusivamente a contratos de electricidad, el Gobierno está trabajando en una legislación similar para el sector del gas y ha implementado regulaciones para la contratación de servicios de telefonía.