La situación actual de los precios de los carburantes en España es la más elevada en dos décadas, provocando un impacto significativo en la 'operación verano'. La guerra en Oriente Próximo ha llevado al Gobierno a extender las medidas de alivio que fueron implementadas en marzo, relacionadas con el conflicto en Irán. La reciente subida del IPC en julio ha forzado al Ejecutivo a anunciar una reducción de 20 céntimos por litro en el precio del diésel a partir de septiembre, como último recurso de un escudo social que se encuentra en su fase final.
El barril de Brent se sitúa cerca de los 90 dólares, lo que sugiere la probabilidad de que se requiera un nuevo plan anticrisis después del verano, con la aprobación del Congreso. Este sería el tercer paquete de medidas desde que comenzó el conflicto. El primero se puso en marcha a finales de marzo y contenía una serie de rebajas fiscales, que incluían la reducción del IVA en la luz, el gas y los carburantes, además de ayudas directas para el transporte profesional.
El Gobierno renovó este plan en junio, justo antes de que expirara el anterior. Esto ocurrió ante la falta de normalización del tráfico por el estrecho de Ormuz, un punto clave que antes del conflicto representaba el paso de una cuarta parte del petróleo y gas licuado a nivel mundial. La segunda versión del plan incluyó una reducción progresiva del Impuesto Especial de Hidrocarburos (IEH), que quedó establecido en 15 céntimos por litro en julio, 10 céntimos en agosto y 5 céntimos en septiembre.
A pesar de estos esfuerzos, se eliminó el recorte del IVA de los carburantes al 10%, que había sido objeto de críticas por parte de Bruselas. Esta decisión resultó en un inmediato aumento de los precios del diésel y la gasolina en julio, justo en la temporada alta de vacaciones de verano en España. La nueva edición del plan anticrisis fue implementada el 29 de junio y recibió la ratificación del Congreso un mes después, con la abstención del Partido Popular y la oposición de Vox y Podemos.
El texto mantenía la «cláusula de salvaguarda» introducida desde el inicio por Moncloa, que establece que si la subida interanual del IPC para gasolina o diésel en junio o julio supera el 15%, el plan de retirada del impuesto especial se cancela. En ese caso, el precio del combustible afectado se ajustaría a la baja en 20 céntimos por litro, representando un alivio significativo en un momento crítico.
Contexto: España ha enfrentado un aumento persistente en los precios de los combustibles desde el inicio del conflicto en Oriente Próximo, lo que ha llevado al Gobierno a implementar varias medidas fiscales para mitigar el impacto en los hogares y las empresas. Desde marzo de 2026, el Ejecutivo ha lanzado tres paquetes de medidas, reflejando la necesidad de abordar la situación económica en medio de la crisis energética global. La dependencia de España del petróleo importado resalta la importancia de estos planes en un contexto de incertidumbre en los mercados internacionales.