El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha emitido un fallo que permite a los inspectores de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) incautar correos electrónicos profesionales durante las inspecciones en pequeñas y medianas empresas (pymes) sin necesidad de autorización previa de un juez. Esta sentencia, dictada el 16 de julio de 2023, también se aplica a autónomos y asociaciones empresariales que puedan ser investigados por prácticas que alteren el mercado, como pactos de precios o reparto de clientes.
El tribunal ha establecido que, aunque los inspectores pueden incautar correos electrónicos, esto debe realizarse bajo ciertas condiciones que incluyen un control judicial posterior. Sin embargo, el acceso a dispositivos que se utilicen tanto para fines laborales como personales requiere una mayor protección y autorización judicial previa. Esto significa que los dispositivos personales y laborales gozan de una protección reforzada, lo que limita el alcance de las inspecciones a mensajes que estén directamente relacionados con la investigación.
La legislación española permite a las autoridades examinar no solo correos electrónicos, sino también correspondencia comercial, archivos eliminados, documentos en la nube, así como teléfonos y ordenadores. Además, se considera una infracción grave obstaculizar una inspección, lo que puede resultar en sanciones de hasta el 5% de la facturación del negocio correspondiente al año anterior.
La sentencia del TJUE se origina en tres litigios en Portugal, donde la autoridad nacional llevó a cabo inspecciones que resultaron en la incautación de miles de archivos y correos electrónicos. Las investigaciones estaban relacionadas con un posible acuerdo para aumentar los precios de servicios a hospitales públicos, un supuesto cártel sobre pruebas de Covid-19 y un posible abuso de posición dominante en el sector de procesamiento de pagos. Las pymes afectadas impugnaron la legalidad de estas incautaciones, argumentando que las autorizaciones habían sido otorgadas por el Ministerio Fiscal y no por un juez de instrucción, lo que vulneraba el secreto de las comunicaciones.
Este fallo del TJUE podría tener un impacto significativo en la forma en que se llevan a cabo las inspecciones de competencia en España y en la Unión Europea. A medida que las autoridades buscan asegurar la transparencia y la competencia en el mercado, la capacidad de incautar correos electrónicos sin autorización judicial previa podría facilitar la detección de prácticas anticompetitivas. Sin embargo, la necesidad de un control judicial posterior también garantiza que se respeten los derechos de las empresas y profesionales involucrados.
Contexto: En los últimos años, la CNMC ha intensificado sus esfuerzos para investigar prácticas anticompetitivas en diversos sectores, lo que ha llevado a un aumento en el número de inspecciones. La normativa sobre competencia en España se ha endurecido para proteger a los consumidores y garantizar un mercado justo, especialmente en contextos de crisis económica. Las pymes, que representan una parte significativa de la economía española, deben adaptarse a estas regulaciones mientras se enfrentan a la presión de los grandes competidores.