El Gobierno español ha comprometido un total de 18.903 millones de euros para el sector de Defensa en 2025, un incremento significativo respecto a los 15.000 millones del año anterior. Esta inyección de recursos se produce en un momento en el que las empresas de defensa están experimentando un ciclo inversor sin precedentes, lo que ha llevado a la Asociación de Empresas Contratistas con las Administraciones Públicas (Aesmide) y a la Asociación Española de Empresas de Defensa, Aeronáutica y Espacio (Tedae) a solicitar cambios urgentes en la legislación de contratación pública.
Ambas organizaciones han encargado a Garrigues la elaboración de un documento que sirva como base para negociar con el Gobierno modificaciones necesarias en el marco regulatorio. Según Gerardo Sánchez Revenga, presidente de Aesmide, estas reformas son esenciales para atender la creciente demanda de equipamiento de defensa y seguridad, dado que el actual sistema de contratación presenta múltiples dificultades para adaptarse a las particularidades del sector.
Los contratistas enfrentan problemas derivados de un ciclo anual de contratación que no se ajusta a la complejidad del ámbito militar, además de restricciones que dificultan la implementación de adjudicaciones más ágiles y directas, así como desajustes entre los precios de licitación y los costos reales.