Glovo ha reconocido un coste adicional de 100 millones de euros relacionado con su modelo de repartidores contratados, lo que eleva sus pagos al Estado a más de 520 millones de euros. La situación se complica con la presión de la Ley Rider, que está impactando en la industria de la restauración y provocando la reacción de competidores como Díaz, que se ha lanzado a por Uber Eats en este contexto.
Las investigaciones en Chile y Perú sobre los acuerdos de reparto de mercados entre Glovo y su matriz, Delivery Hero, surgieron en septiembre de 2025 y podrían acarrear un coste total de más de 1.000 millones de euros en conflictos laborales. Glovo ya había acordado abonar 320 millones de euros en Europa por estos acuerdos.
En cuanto a Chile, la compañía ha admitido sus responsabilidades, logrando reducir la multa inicial de 74 millones de dólares (aproximadamente 64,26 millones de euros) a 31,5 millones de dólares (unos 27,5 millones de euros) anuales. Sin embargo, permanece un frente abierto en Perú, donde aún no se han provisionado fondos para posibles sanciones.