La red ferroviaria española enfrenta una situación crítica, con más de 1.000 restricciones de velocidad que afectan a los trenes. Desde el 19 de enero de 2026, aproximadamente el 14,35% de la infraestructura ha estado sujeta a limitaciones, según un análisis realizado por un medio local. Estas restricciones han generado retrasos significativos y han disminuido la confianza de los usuarios en el servicio ferroviario.
Las limitaciones temporales de velocidad, conocidas como LTV, han llevado a que los trenes circulen a velocidades drásticamente reducidas, como en el tramo entre Villa del Río y Montoro, donde deben desacelerar hasta 30 km/h en una vía diseñada para soportar 200 km/h. En trayectos comunes, como el de Madrid a Sevilla, los maquinistas reportan entre 10 y 12 limitaciones por viaje.
El punto de inflexión en esta crisis se produjo tras el accidente de Adamuz en enero, que dejó 46 fallecidos. Desde entonces, se han implementado medidas de seguridad más estrictas, resultando en una reducción de la velocidad efectiva de los trenes. Por ejemplo, en trayectos hacia Málaga, la velocidad ha caído de 160 a 80 km/h sin previo aviso a los pasajeros.