Uber Eats ha admitido una deuda con la Seguridad Social que asciende a 110 millones de euros, correspondiente a cotizaciones impagadas de 60.000 repartidores que han sido clasificados como 'falsos autónomos'. La empresa ha decidido dejar de trabajar con estos repartidores autónomos en España, ajustándose a lo establecido por la Ley Rider, que está en vigor desde agosto de 2021 y exige la contratación de estos trabajadores como asalariados.
La Inspección de Trabajo inició en julio de 2025 una investigación sobre las prácticas laborales de Uber Eats, lo que llevó a la reclamación de la deuda tras confirmar el uso de falsos autónomos. En marzo de 2026, la Inspección concluyó su evaluación, resultando en la exigencia de regularizar las cotizaciones de los trabajadores que operaban como autónomos sin cumplir con la normativa.
Esta decisión de Uber Eats de regularizar la situación laboral de sus repartidores es un paso en respuesta a la creciente presión del Ministerio de Trabajo, dirigido por Yolanda Díaz, para que las plataformas de reparto cumplan con las obligaciones legales en materia de empleo.