En España, se estima que en 2024, 546.000 trabajadores extranjeros sin cotización se encontraban en situación de empleo irregular, representando uno de cada cuatro en este colectivo. Más del 80% de estos empleos no declarados son ocupados por personas provenientes de países no pertenecientes a la Unión Europea.
La irregularidad laboral afecta de manera notable a mujeres latinoamericanas, quienes se desempeñan en sectores como el hogar, la hostelería, la industria y la construcción. El Gobierno español ha iniciado un proceso de regularización que podría beneficiar a medio millón de extranjeros ya residentes en el país.
Desde 2013, ha existido una discrepancia estable entre los datos de la Seguridad Social y las encuestas oficiales sobre empleo, pero desde 2018, la mayoría de los empleos no declarados son ocupados por trabajadores extranjeros. A partir de la pandemia, esta diferencia ha crecido de manera continua, con un marcado aumento de la mano de obra migrante en el mercado laboral irregular.
El Observatorio Trimestral del Mercado de Trabajo, elaborado por Fedea y BBVA Research, destaca que la mayor parte de la economía sumergida se sostiene en esta población, mientras que el empleo irregular entre españoles ha disminuido considerablemente, situándose por debajo de los niveles previos a la crisis sanitaria.