El Consejo de Europa ha instado a España a realizar cambios en su legislación laboral, señalando que las indemnizaciones por despido improcedente deben ser efectivamente disuasorias para los empresarios. La actual normativa ha sido considerada incompatible con la Carta Social Europea Revisada, especialmente en cuanto al cálculo de indemnizaciones y la protección de trabajadores temporales.
En una resolución formal, el Comité de Ministros del Consejo de Europa ratificó las conclusiones del Comité Europeo de Derechos Sociales, que subraya que los límites de indemnización vigentes no son suficientes para reparar adecuadamente el daño a los trabajadores ni disuadir a los empleadores de llevar a cabo despidos injustificados. Esta situación se deriva de una reclamación colectiva presentada por CCOO en noviembre de 2022.
El Consejo solicita que las indemnizaciones reflejen el perjuicio real sufrido por los despedidos y que se permita a los tribunales evaluar la idoneidad de la readmisión. Además, se subraya la necesidad de proteger adecuadamente a los trabajadores temporales para evitar su desprotección en situaciones de fraude legal.