El Salario Mínimo Interprofesional (SMI) ha experimentado un incremento del 3,1% este año, lo que ha llevado a la patronal a solicitar al Gobierno una actualización de los precios de las contratas con la Administración Pública. Sin embargo, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha rechazado esta petición, afirmando que no se puede vincular el aumento del SMI a un mayor gasto de las administraciones.
Durante su comparecencia en la Comisión de Hacienda del Senado, Montero destacó que las empresas deben poder absorber el incremento del SMI sin necesidad de aumentar los precios de las contratas públicas. Esta situación afecta especialmente a sectores como limpieza y jardinería, donde el SMI es predominante.
Los empresarios argumentan que, a diferencia de las empresas privadas que pueden ajustar los precios de sus productos ante el aumento de costes, las compañías con contratos públicos enfrentan limitaciones. La Ley de Desindexación impide que estas empresas actualicen los precios que cobran a la Administración, lo que puede perjudicar su margen de beneficio.