La fecundidad en España ha alcanzado un nuevo mínimo, con un promedio de 1,1 hijos por mujer al cierre de 2024, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Este índice posiciona al país como el de menor fecundidad en Europa y uno de los más bajos a nivel mundial, después de dos décadas de implementación de políticas natalistas con resultados inciertos. A pesar de iniciativas como el cheque bebé, la ampliación de permisos parentales y diversas ayudas autonómicas y locales, el número de nacimientos no ha mostrado un aumento significativo.
Una política educativa que ha ido en sentido opuesto a los esfuerzos por incrementar la natalidad es la jornada escolar continua, la cual se está implantando en numerosas escuelas de España. Esta política, que comprime el horario escolar de 9:00 a 14:00, no surgió de propuestas pedagógicas, sino de una disputa sindical en los colegios públicos de Canarias a finales de los años 80. Desde entonces, su aplicación se ha ido extendiendo, afectando a la jornada partida que mantenía a los alumnos en los centros educativos hasta las 16:00 o 16:30 con un almuerzo intermedio.
La adopción de la jornada escolar continua ha sido desigual en el territorio nacional. En 1990, Canarias y en 2001, Extremadura, impusieron esta jornada por ley en todas sus instituciones públicas. El resto de las comunidades autónomas han dejado la decisión en manos de votaciones de cada consejo escolar, un proceso que ha llevado a que más del 70% del alumnado de 3 a 12 años tenga actualmente una jornada escolar de 30 horas semanales o menos, según microdatos de la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV).
La pandemia de COVID-19 aceleró este cambio, aumentando la implantación de la jornada continua del 51% al 71% de los centros, según una encuesta realizada por EsadeEcPol. Actualmente, solo Cataluña y el País Vasco mantienen la jornada partida como norma general en sus colegios.
El impacto de esta política educativa en las familias y los alumnos ha sido objeto de poco estudio, a pesar de su relevancia. Cambiar de jornada partida a continua implica la reducción de entre dos y tres horas diarias de atención infantil pública y gratuita, lo que coincide con el horario laboral de la mayoría de los padres. Un estudio reciente de Álvaro Muñíz-Fernández en el Journal of Policy Analysis and Management aborda esta cuestión, aunque se carece de evidencia concreta sobre el efecto total de esta medida en el bienestar familiar y educativo.
Contexto: La baja tasa de natalidad en España ha llevado a diversas administraciones a poner en marcha programas y políticas para fomentar el aumento de la población. Sin embargo, el efecto de estas iniciativas ha sido limitado, dado que la fecundidad se ha mantenido en niveles récord bajos. Las políticas educativas, como la jornada escolar continua, además de su impacto en el aprendizaje, podrían influir en la decisión de las familias sobre tener más hijos, dado que alteran la disponibilidad de servicios de cuidado infantil. En este contexto, las decisiones tomadas en el ámbito educativo pueden ser cruciales para abordar los desafíos demográficos que enfrenta el país.