Desde 2018, la Seguridad Social ha implementado un algoritmo de inteligencia artificial que examina miles de expedientes de baja laboral diariamente. Este sistema, aunque no reemplaza a los médicos, tiene un éxito del 35% en la identificación de casos que podrían resultar en alta médica, un porcentaje que se encuentra por debajo de la supervisión humana. La evaluación de las solicitudes de baja se basa en múltiples factores, siendo la ubicación geográfica un criterio de gran peso, tres veces más que el diagnóstico médico específico.
Los datos de los trabajadores son analizados en una base llamada INCA, donde se cruzan con información laboral. Cada expediente es puntuado según su probabilidad de alta, y aquellos con puntuaciones altas son citados para inspección médica con mayor rapidez. Este proceso se gestiona a través del programa ATRIUM, utilizado por las Unidades Médicas Provinciales.
La metodología establece que la enfermedad de un trabajador, como en el caso de Marta, es menos relevante que su contexto territorial, lo que genera un debate sobre la efectividad y la justicia del sistema actual. Los médicos inspectores no tienen acceso a la puntuación generada por el algoritmo, lo que plantea cuestiones sobre la transparencia del proceso.