El 20 de octubre de 2026, el Consejo de Ministros en España aprobó un nuevo decreto-ley destinado a mejorar la protección social para trabajadores afectados por situaciones específicas. Este paquete legislativo incluye mejoras significativas en las bajas médicas asociadas a la menopausia incapacitante y a víctimas de violencia de género, permitiendo que estas personas reciban prestaciones desde el primer día de incapacidad y sin periodo de carencia.
Elma Saiz, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, destacó que estas medidas buscan "ampliar derechos, reforzar la protección de las familias y dar respuesta a situaciones que necesitaban de una cobertura más adecuada". Este enfoque se basa en meses de diálogo social y escucha activa a diversas asociaciones, lo que ha permitido dar forma a estas iniciativas.
Entre las reformas más destacadas se encuentra la automatización de la protección ante catástrofes, como la DANA, que ahora se asimilarán a accidentes laborales. Además, se amplía el acceso a las pensiones de viudedad para parejas de hecho no registradas, lo que representa un avance en la igualdad de derechos para las parejas que no están legalmente casadas. También se modifica la prestación CUME, permitiendo que ambos progenitores la perciban de manera simultánea o alternativa.
El decreto-ley incluye otras medidas importantes, como el incremento de los anticipos del Fondo de Garantía del Pago de Alimentos a 300 euros y el aumento de la pensión mínima para víctimas de terrorismo, que se eleva a dos salarios mínimos. Además, se extienden las ayudas por orfandad debido a violencia machista al doble del salario mínimo interprofesional (SMI).
Con la proximidad de las Elecciones Generales programadas para el 29 de noviembre, el Gobierno ha anunciado que iniciará los martes sociales, donde se espera que se realicen consultas frecuentes sobre estas y otras políticas sociales.
Contexto: Desde la llegada del actual gobierno, se ha intensificado el enfoque en la mejora de las condiciones sociales y laborales. La implementación de este decreto-ley es parte de un esfuerzo más amplio para abordar las necesidades de los ciudadanos, especialmente en lo que respecta a la protección de grupos vulnerables. Con un creciente debate sobre la igualdad y la protección social, estas reformas se alinean con las metas de la administración de mejorar el bienestar de la población española.