El Gobierno español ha asegurado a los sindicatos que los salarios de los empleados públicos aumentarán un 4,5% en 2027, marcando el mayor incremento en 35 años. Esta medida afectará a más de tres millones de trabajadores del sector público y está en línea con un acuerdo que prevé un aumento acumulado del 11% entre 2025 y 2028. A pesar de la proximidad de las elecciones generales, programadas para el 29 de noviembre, el Gobierno aún no ha definido la fecha exacta para la aprobación formal de este incremento.
Esta subida salarial representa un esfuerzo del Ejecutivo de Pedro Sánchez para mejorar la situación económica de un grupo significativo de votantes. El último aumento de salarios públicos que superó el actual fue en 1992, cuando los sueldos se incrementaron un 6,1%. A lo largo de los años, los funcionarios han experimentado incrementos salariales limitados, especialmente después de que en 1993 los aumentos dejaron de ser tan sustanciales.
En un contexto de inflación, que alcanzó un pico del 8,4% en 2022, esta nueva subida salarial tiene como objetivo compensar en parte la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores. En 2026, se espera un aumento del 1,5%, con un adicional del 0,5% vinculado al índice de precios al consumidor (IPC). La inflación media ha superado en la mayoría de los años el crecimiento salarial pactado, lo que ha generado preocupaciones entre los sindicatos.
A medida que se acerca la fecha de las elecciones generales, los sindicatos están presionando para que esta subida salarial se formalice mediante un real decreto-ley antes del 29 de noviembre. A pesar de que el Gobierno ha indicado que el marco legal permite la aprobación de esta medida incluso en funciones, la incertidumbre persiste en torno al momento exacto en que se llevará a cabo.
Contexto: Desde la crisis económica de 2008, los empleados públicos en España han enfrentado restricciones salariales significativas, lo que ha generado un descontento considerable entre los sindicatos. Durante años, las subidas han sido mínimas o inexistentes, afectando a la moral y la motivación de los trabajadores del sector público. Este incremento previsto podría ser un intento del Gobierno por recuperar la confianza de este colectivo y mejorar su situación ante un electorado que se siente presionado por la inflación y el coste de vida.