España podría perder un total de 80.000 millones de euros de los fondos europeos Next Generation debido a problemas en la ejecución y gestión. De esta cantidad, 60.000 millones corresponden a créditos ya rechazados, y 20.000 millones a ayudas que no se podrán utilizar, según expertos consultados.
Los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (Perte) han fallado en alcanzar sus objetivos, y muchas empresas han tenido que devolver fondos por falta de viabilidad. A pesar de que se adjudicaron 163.000 millones, solo la mitad de esta cantidad ha sido efectivamente ejecutada, lo que representa un 4,7% del Producto Interior Bruto (PIB) anual de España.
Entre las causas de esta situación se encuentran la lentitud en la ejecución, un excesivo centralismo desde Moncloa, fallos en las herramientas de control y burocracia. Este contexto ha generado inseguridad jurídica, afectando la capacidad de atraer inversiones extranjeras. Con el plazo de ejecución a punto de expirar, el Gobierno ya asume que no podrá gastar todo lo asignado, lo que limita la movilización de recursos privados.