La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha dictado una sentencia que anula varios apartados del Real Decreto 1010/2023, que permitía a entidades privadas acreditadas realizar inspecciones en autoescuelas. Esta decisión afecta a aproximadamente 9.000 autónomos que gestionan estas escuelas, ya que establece que solo el personal de la Dirección General de Tráfico (DGT) puede llevar a cabo este tipo de inspecciones con posibles consecuencias sancionadoras.
La sentencia responde a un recurso presentado por la Unión Nacional de Autoescuelas Dignificadas (UNAD), que argumentó que el reglamento excedía las competencias legales al otorgar poderes de inspección a entidades privadas. El Tribunal Supremo ha respaldado esta posición, subrayando que la auditoría y la inspección tienen alcances diferentes y que la potestad de inspección es una función pública.
De este modo, las entidades privadas acreditadas podrán continuar con tareas de auditoría, pero no podrán realizar inspecciones que impliquen sanciones, lo que marca un cambio significativo en el marco regulatorio de las autoescuelas en España.