A pesar de la reciente aprobación de reformas estructurales, el sistema judicial español sigue enfrentando críticas. La creación de 500 nuevas plazas judiciales para este año, con la expectativa de otras 500 en 2024, no parece ser suficiente para satisfacer las demandas de las asociaciones judiciales.
La inversión de 1.121 millones de euros en la creación de nuevos tribunales de instancia, que reemplazan a los antiguos juzgados unipersonales, ha sido objeto de controversia. Los líderes judiciales, que se reunieron en Granada la semana pasada, han expresado su preocupación por la falta de recursos adecuados para llevar a cabo esta implantación efectiva.
Las asociaciones, tanto de derecha como de izquierda, han exigido cambios significativos en el sistema, pero la implementación parece haber generado un descontento generalizado en el sector.