El sistema de financiación autonómica en España ha sido objeto de una reforma que ha generado controversia, priorizando a Cataluña en detrimento de otras comunidades. En un contexto electoral, esta propuesta ha sido interpretada como un intento del Gobierno de Pedro Sánchez por favorecer a ciertas regiones, mientras que Extremadura y Cantabria no recibirán recursos adicionales.
Esta reforma se presenta en un momento crítico, ya que se establecen retos para 2026, como el control de los precios de la vivienda y la mejora de los salarios. La intervención en el sistema de financiación, lejos de ofrecer soluciones a un modelo caducado, parece centrarse en intereses políticos más inmediatos.
La ministra de Hacienda, Maria Jesús Montero, también candidata del PSOE en Andalucía, ha sido señalada por su papel en esta estrategia, que busca asegurar apoyo en una región clave para el partido. Sin embargo, este enfoque ha suscitado críticas por no abordar adecuadamente las carencias de comunidades como Comunidad Valenciana o Murcia.