El Gobierno de Pedro Sánchez enfrenta un nuevo desafío en la aprobación de los Presupuestos Generales tras el incumplimiento de promesas en años anteriores. El Ejecutivo debe llegar a un acuerdo que satisfaga a los partidos independentistas y que, a su vez, sea aplicable a todas las comunidades autónomas.
La falta de un acuerdo viable ha llevado a la prórroga de la fecha de aprobación, que ahora se extiende al primer trimestre de 2026. Para avanzar, dos condiciones son esenciales: primero, la autorización judicial para la entrada de Carles Puigdemont en España, y segundo, un pacto entre ERC y el Ministerio de Hacienda sobre la financiación singular de Cataluña.
Este acuerdo debe garantizar un aumento en los recursos destinados a Cataluña, al mismo tiempo que asegura que las demás comunidades no se sientan desfavorecidas. Además, es crucial establecer un cuerpo administrativo robusto en la Agencia Tributaria de Cataluña, sin afectar los derechos de los funcionarios existentes ni comprometer la coordinación con otras agencias territoriales.