Una orden ejecutiva firmada por Donald J. Trump el 9 de enero de 2026 establece una emergencia nacional para proteger los fondos del Gobierno de Venezuela en el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Este movimiento se produce tras un encuentro con directivos de compañías petroleras internacionales, incluyendo a Repsol, donde se discutieron deudas significativas, como los cerca de 12.000 millones de euros que reclama ConocoPhillips.
La orden alega que cualquier intento de embargo o acción judicial contra estos fondos representa una amenaza "inusual y extraordinaria" para los intereses estratégicos de EE. UU. La administración de Trump indica que la protección de estos activos es crucial para estabilizar política y económicamente a Venezuela, un objetivo vinculado a la lucha contra la inmigración irregular y el narcotráfico.
Venezuela enfrenta actualmente 22 laudos impagados por aproximadamente 17.300 millones de euros ante el Banco Mundial, lo que podría complicar aún más la situación financiera de las petroleras que operan en el país. La Confederación Venezolana de Industriales ha señalado que el proceso de expropiación afectó a cerca de 1.322 empresas, mientras que el Ejecutivo bolivariano habría desembolsado alrededor de 23.000 millones de dólares en compensaciones.