En el último informe del Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco) y del Estado de Derecho de la Unión Europea, se destaca que España presenta deficiencias en la regulación del lobby y la influencia de los grupos de interés en la política. A pesar de liderar entre los miembros de la OCDE en transparencia y acceso a la información pública, el país no ha logrado establecer un marco adecuado para controlar estos aspectos.
Asimismo, España se posiciona entre los últimos en cuanto al control de la financiación de partidos políticos, lo que genera preocupaciones sobre la integridad del sistema democrático. La falta de regulación en estos ámbitos podría afectar la confianza de los ciudadanos en sus instituciones y en los representantes políticos.