La normativa europea sobre emisiones de metano, que comenzó a aplicarse este año, ha suscitado preocupación entre los proveedores energéticos del continente. La Comisión Europea está elaborando directrices que permitirían a los gobiernos nacionales evitar sanciones para empresas que incumplan ciertas condiciones relacionadas con el control de emisiones de metano, una medida que podría aliviar las tensiones en un momento crítico para el mercado energético internacional.
Bruselas ha priorizado la seguridad energética ante las crecientes presiones geopolíticas en Oriente Medio y el aumento de los precios del petróleo y gas. La regulación, que entró en vigor en 2023, fue aprobada hace dos años como parte de la estrategia climática de la UE, con el fin de reducir las emisiones contaminantes en el sector energético y exigir estándares similares a los países que exportan a Europa.
Se espera que a partir de 2027, los importadores de gas demuestren que sus proveedores cumplen requisitos equivalentes a los de la UE, mientras que las sanciones por incumplimiento podrían llegar hasta el 20% de la facturación anual de las empresas. La presión de Estados Unidos y Qatar sobre Bruselas ha aumentado, especialmente desde que el primero se convirtió en el principal proveedor de gas natural licuado para la UE tras la disminución de las importaciones rusas en 2022.