En el Informe Anual sobre Fiscalidad 2026, publicado recientemente por la Comisión Europea, se ha identificado a España como el país de la Unión Europea que ha experimentado el mayor aumento de la presión fiscal en la última década. Este incremento se ha situado en 2,9 puntos porcentuales del PIB si se comparan los periodos de 2015-2019 con 2020-2024.
La recaudación de impuestos sobre el trabajo ha sido el principal motor de este crecimiento, mientras que las contribuciones derivadas del capital han mostrado un aumento mínimo. Adicionalmente, los ingresos ligados al consumo han disminuido, lo que ha contribuido a esta situación. El informe apunta que la no indexación de los tramos del IRPF estatal frente a la inflación y el aumento de las cotizaciones a la Seguridad Social son factores explicativos clave de esta tendencia.
Comparando la evolución de los sistemas tributarios de los Veintisiete, España se destaca frente a otros países como Lituania, que ha registrado un aumento de 2,3 puntos, y Luxemburgo, con un incremento de 2,2 puntos. En el extremo opuesto, Malta y Hungría han experimentado las mayores caídas, ambas con una reducción de 2,8 puntos porcentuales.
El informe también resalta que España es el único país de la UE que mantiene un impuesto sobre el patrimonio y que, a pesar de la reciente subida de la presión fiscal, presenta una de las tasas impositivas implícitas sobre el consumo más bajas, situándose en 13,6% en 2024. Este porcentaje es inferior al de Malta (14,2%) y Alemania (15%).
En un contexto en el que se discuten posibles traspasos de la recaudación de impuestos a las comunidades autónomas, el informe destaca que España es uno de los cuatro países de la UE, junto con Alemania, Bélgica y Austria, que cuentan con un subsector de administración regional que tiene competencias recaudatorias, captando el 16,9% de los ingresos tributarios totales en 2024. Sin embargo, se indica que una mayor descentralización no necesariamente implica un aumento de la presión fiscal sobre los ciudadanos españoles.
Contexto: En los últimos años, España ha enfrentado desafíos fiscales significativos, en parte debido a la gestión de la crisis económica y la pandemia de COVID-19. Las políticas fiscales han estado centradas en la recuperación económica, y el gobierno ha implementado diversas reformas para aumentar la recaudación. En este sentido, el papel de la Comisión Europea es fundamental para supervisar y evaluar la evolución de las políticas fiscales en los Estados miembros, especialmente en un entorno de creciente presión sobre las finanzas públicas.