La Abogacía Española ha emitido un informe que refuerza el secreto profesional en el contexto de la campaña del IRPF, afirmando que la Agencia Tributaria no puede exigir la entrega de documentos que un abogado comparta con su cliente. Este análisis es crucial, especialmente con el inicio de las inspecciones fiscales.
El documento señala que los informes y comunicaciones entre un abogado y su cliente están protegidos por el derecho fundamental al secreto profesional, lo que impide que la administración obtenga esa información, incluso en caso de controversias. La ley no distingue entre documentos en poder del abogado y aquellos entregados al contribuyente; todos mantienen su carácter confidencial.
La conclusión es clara: la Agencia Estatal de Administración Tributaria no debería acceder a estos documentos, ya que forman parte de la defensa legal del contribuyente. Sin embargo, se aclara que esta protección no se aplica a terceros ajenos a la relación profesional.