Las investigaciones iniciales del accidente ferroviario en Adamuz han determinado que el bogie del tren de Iryo no fue responsable de la tragedia, señalando un fallo en la vía como la causa probable. Ante esta situación, tanto Adif como el Ministerio de Fomento han decidido asumir la responsabilidad patrimonial y se preparan para afrontar posibles indemnizaciones.
El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha afirmado que se estaba cumpliendo con el mantenimiento de la vía, aunque persisten dudas sobre eventuales negligencias técnicas. La noticia ha llevado a que el partido Vox presente una querella penal contra Adif por "homicidio imprudente", mientras que la Fiscalía evalúa el caso para determinar si se abrirá un proceso penal.
Fuentes cercanas a Adif indican que ya están preparando la defensa jurídica para posibles consecuencias administrativas y penales. Especialistas en derecho administrativo han apuntado que si se confirma que hubo fallos en los rodamientos, la responsabilidad patrimonial recaerá en Adif.